Grecia pretende detener y deportar a extranjeros por razones de salud pública

La policía griega podrá detener a los extranjeros que residan en Grecia por cuestiones de “salud pública” tal y como prevé una propuesta de ley presentada esta semana al parlamento por el gobierno que dirige el ex banquero Lukás Papadimos y que deberá ser votada en los próximos días.

“La detención de no-nacionales, tanto si han solicitado asilo político como si no, está prevista bajo la actual enmienda si suponen un riesgo para la salud pública, porque sufran enfermedades infecciosas o pertenezcan a grupos de riesgo como usuarios de drogas intravenosas, trabajadores del sexo o gente que vive en condiciones que no alcanzan los estándares higiénicos mínimos”, afirma el borrador de ley, publicado hoy por varios medios griegos. Añade que “los sujetos serán sometidos a inspecciones de salud obligatorias y al necesario tratamiento”, y aquellos que se nieguen a cooperar con las autoridades podrán ser deportados.

Los ministros de Protección Ciudadana, Mijalis Jrisojoidis, y Sanidad, Andreas Loverdos, ya habían anunciado el pasado fin de semana que tomarían medidas contra la “bomba para la salud” que, a su juicio, suponen los inmigrantes que viven en Grecia sin documentos.

La medida llega, además, después del fiasco que ha supuesto la llamada “macro operación contra la ilegalidad” del Ministerio de Protección Ciudadana (Orden Público), por la que durante la pasada semana fueron detenidos unos 2.000 extranjeros. De ellos, sólo se pudo hallar cargos contra 420, de los que en 234 casos fue por no poseer documentos de residencia en regla, lo que implica que más de 1.500 fueron detenidos sin ningún tipo de acusación o sospecha válida. El Gobierno también ha anunciado la transformación de 30 antiguas bases militares en campos de reclusión para unos 30.000 inmigrantes indocumentados.

Críticas de las ONG

Varias ONG se han quejado de estas medidas, que muchos achacan a la proximidad de las elecciones, en las que se prevé un gran aumento del voto a los grupos ultraderechistas que hacen campaña exclusivamente con la cuestión de la inmigración.

“Es especialmente preocupante que aquellos que tienen derecho a protección internacional se enfrentan a la detención. Inmigrantes y refugiados no son criminales y no deberían ser tratados como tales”, se quejó ayer Amnistía Internacional en un comunicado. “Las autoridades griegas deberían retirar inmediatamente este tipo de medidas, que sólo exacerban el estigma hacia los inmigrantes y refugiados en el país”, añadió.

De acuerdo con un estudio del grupo (“think-tank”) ELIAMEP, en 2011 residían en Grecia 1,1 millones de inmigrantes, de los cuales 400.000 no disponían de documentos en regla. Según los datos de la agencia europea de control de fronteras (FRONTEX), que dispone de una misión para ayudar a Grecia en la materia, en 2011 se registraron 57.000 entradas ilegales de inmigrantes en el país mediterráneo.

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